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Más de 1200 españoles mueren de cáncer cada año por culpa del amianto
20-02-2011

 


En España mueren cada año entre 1.200 y 1500 personas a consecuencia de las distintas enfermedades provocadas por el amianto, mineral usado durante décadas en una amplia variedad de productos a pesar de ser cancerígeno. Pues bien, hace unas semanas Cartagena se convirtió por unos días en sede temporal de la Justicia norteamericana como parte del procedimiento iniciado en Estados Unidos por un afectado de mesotelioma contra 22 empresas relacionadas con la fabricación o exportación de amianto. La demanda -presentada por el despacho español de abogados Oria, Peña, Pajares y Asociados-abre la posibilidad de acceder a indemnizaciones millonarias para los más de 60.000 afectados españoles. La industria del amianto -como antes la del tabaco y hoy las de electricidad y telecomunicaciones- negó durante décadas su peligro.

Quienes hoy reclaman un mayor control de las instalaciones que emiten radiaciones electromagnéticas –como las antenas de Brenes citadas en este mismo número-, la aplicación restrictiva del Principio de Precaución -para proteger su salud y la de sus familiares- y la adecuación de las normas que rigen los límites de emisión a los últimos datos conocidos tienen motivos de sobra en el pasado inmediato para temer que la ceguera de nuestras autoridades políticas y judiciales acabe por provocar miles de muertos antes de que en un lejano día -dentro de dos o tres décadas- la razón y la ciencia terminen por imponerse a la fuerza del dinero y el peso del beneficio. La historia se repite y hoy con las emisiones electromagnéticas y sus límites se está repitiendo el mismo debate que ya vivimos con el tabaco y con el amianto o asbesto, de consecuencias mucho menos conocidas pero no menos dramáticas para sus víctimas y familiares.
El modelo es el mismo y se repite puntualmente paso a paso: uso masivo (tabaco, amianto y emisiones electromagnéticas), controversia científica sobre sus consecuencias, presión de la industria para negar y ocultar las incómodas evidencias, datos y más datos sobre el peligro de su uso, beneficios gigantescos para los ejecutivos y las empresas implicadas, multitud de evidencias de que provocan enfermedades y muertes, campañas de descrédito y desinformación para ocultar la verdad, políticos cómplices mirando para otro lado y, al final, miles de víctimas que ya no pueden ocultarse por lo que se empiezan a tomar medidas. Así ha pasado con el tabaco y el amianto y ocurrirá con las emisiones electromagnéticas -hoy incontroladas- si la presión social no lo remedia. En la cuneta quedarán los muertos y los enfermos así como sus familiares que se verán obligados a luchar en solitario en los tribunales para que se les reconozca su condición de damnificados. Y en esa lucha están precisamente ahora los afectados por el amianto. 

EL AMIANTO/ASBESTO, VENENO EN EL AIRE 

El amianto o asbesto es una fibra de origen mineral de gran resistencia térmica y por tanto con propiedades ignífugas que cuando se inhala es tóxico y puede llevar a la enfermedad y a la muerte. De ahí que su uso industrial –especialmente en edificios- fuera notable a pesar de que desde hace más de un siglo se conocía ese peligro potencial. Pudo más la presión de la industria y los medios de comunicación y los políticos callaron porque unos y otros fueron debidamente “engrasados”.
Una hebra de asbesto es 1.000 veces más pequeña que un pelo humano por lo que resulta invisible para el ojo humano. Y debido a su pequeño  tamaño puede permanecer flotando en el aire largo tiempo y ser inhalada penetrando posteriormente en los tejidos para, al cabo de los años, llevar al desarrollo de diversas enfermedades, la mayoría incurables. Son los casos del mesotelioma pleural o cáncer de pleura, de la asbestosis, de las placas pleurales, de la fibrosis pleural difusa y de otros tipos de tumores.
Pues bien, datos recientes indican que en la actualidad podría haber ya en España 50.000 personas afectadas por el amianto. Una cifra que el sindicato Comisiones Obreras prevé se eleve en las próximas dos décadas a 60.000. Simples estimaciones obviamente porque en realidad no existe un censo de afectados.  De hecho teniendo en cuenta que hablamos de patologías que pueden tardar en aparecer entre 10 y 30 años podríamos estar contemplando sólo la punta del iceberg. Las asociaciones de afectados calculan en cualquier caso que sólo en España morirán a finales del 2010 entre 1.200 y 1.500 de quienes estuvieron expuestos al amianto en el período 1960-1975. Luego es indudable que lo peor está por llegar ya que el uso masivo del amianto se inició en los 80. Según la asociación de afectados Avida del 2010 al 2025 la tasa anual de muertes podría llegar a 2.300 entre la población expuesta hasta 1990. Luego, del 2025 al 2040, esa cifra empezaría a decrecer situándose en 700 muertes al año que corresponderían a la población que estuvo expuesta a partir de la década de los 90 (sobre todo en los procesos de demolición y reparación de estructuras y edificios). La Unión Europea ha calculado que hasta el año 2035 se producirán en su ámbito 250.000 fallecimientos por mesotelioma y entre 250.000 y 400.000 más por cáncer de pulmón, laringe, asbestosis y cáncer gastrointestinal. Todos como consecuencia de la inhalación de fibras de amianto.
Claro que el amianto ha tenido alrededor de 3.000 usos distintos. Se usó tanto en artículos de consumo doméstico (placas de asbesto para una cocción lenta, talco, papel secante, piezas de tostadoras…) como industrial (placas de asbesto en los frenos de los coches, filtros y diafragmas en la industria química, juntas de válvulas y de calderas, material textil, cartón…). Ha estado presente en objetos tan dispares como el revestimiento de los suelos de vinilo, los filtros de los cigarrillos o las cortinas. Por eso son muchos miles los trabajadores -soldadores, perforadores, operarios, maquinistas, caldereros, fontaneros, electricistas, carpinteros, recubridores de tuberías, peones, selladores de juntas, pintores, gruistas, trabajadores del metal, etc. – o sus familiares los que perdiendo el miedo a perder sus pensiones o a enfrentarse a las empresas  luchan ahora para conseguir que se les indemnice para poder hacer frente con dignidad a la fase final de su enfermedad. Se calcula que en España, hasta la década de los noventa, estuvieron en contacto constante con el amianto cerca de 300.000 trabajadores, muchos de los cuales fallecerían sin que se relacionara su muerte con el polvo de amianto. Aunque lo más singular es que otros muchos siguen sin saber aún que sus problemas de salud pueden deberse a ello.
Los que sí lo saben, en cambio, han decidido reclamar al estado un fondo de ayudas por considerar que su enfermedad es consecuencia directa –al menos en la mayoría de los casos- de una exposición laboral mal regulada. Solo que la reclamación no es sencilla sin más bien desesperante. "Perdemos la mayoría de los juicios –afirma Juan Carlos Paúl, de la asociación Avida de Madrid- mientras otros se resuelven cuando el obrero ha fallecido”. Por eso cree que es urgente la creación de un fondo estatal para los afectados. Fondo que no llega a pesar de que al final de la segunda legislatura de José María Aznar la actual vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó una Proposición no de ley para debatir su creación. La realidad es que entonces no se afrontó la cuestión y ahora que ella está en el poder… tampoco. Así que abandonados por las distintas administraciones -a las que con razón acusan de poner trabas beneficiando con su actitud a las empresas del amianto- a los afectados sólo les queda luchar individualmente en los tribunales. Lograr que sus “representantes” les escuchen es tarea imposible. Y pleitear desde la enfermedad resulta una tarea muy difícil de la que pocos salen vencedores.
Es de esperar sin embargo que las cosas cambien; al igual que sucedió con las demandas contra las tabaqueras en Estados Unidos donde al principio siempre se rechazaron para, finalmente, admitirse y lograrse indemnizaciones millonarias. De ahí que poco a poco, ante el constante aumento de casos, los afectados por el amianto se hayan ido asociando en torno a despachos de abogados especializados en la salud para reclamar ante los tribunales españoles. Y es obvio que cuantos más casos lleguen ante la Justicia muchas más sentencias favorables se conseguirán. Aunque a día de hoy nuestros jueces se sigan mostrando renuentes a fallar contra las empresas –por muchos indicios que tengan de que fueron las responsables-  y enormemente cicateros a la hora de fijar las indemnizaciones.
En todo caso reclamar ante los tribunales españoles no es ya la única solución. Porque el despacho Oria, Peña, Pajares y Asociados -que hoy representa a cerca de medio centenar de empleados de astilleros y empresas españolas que manipularon amianto- ha decidido abrir una nueva vía y presentar las demandas de sus clientes ¡en Estados Unidos! a fin de conseguir mayores indemnizaciones de las que pueden obtenerse en España; evidentemente sólo en los casos en los que el amianto procedía de allí. Y es que muchas compañías norteamericanas responsables de la fabricación e importación del amianto tienen establecido ya un sistema de compensación para las reclamaciones de los trabajadores afectados por este material; fondos que cuentan hasta con ¡diez mil millones de dólares! destinados a quienes cumplan los requisitos. El principal problema es que las empresas de Estados Unidos sólo aceptan la indemnización automática en los casos de cáncer de pleura o mesotelioma, única de las afecciones que sólo puede tener como origen el amianto. 

PROCESO A LA AMERICANA 

La primera demanda en la historia de nuestro país planteada ante los tribunales norteamericanos por un caso de amianto fue presentada por el despacho Oria, Peña, Pajares y Asociados a través de su socio americano, Seeger & Weiss en agosto del 2009. En ella se exigían indemnizaciones a 22 empresas de origen norteamericano relacionadas con la fabricación o exportación de amianto ya que el demandante, un trabajador de más de 60 años con cáncer de pleura, jubilado de Bazán, considera que fue la exposición al amianto desde 1970 hasta 1999 la causa de su mesotelioma, diagnosticado en el 2008. Demanda que abre la puerta a futuras reclamaciones de españoles afectados cuya enfermedad se relacione causalmente con la exposición a un amianto de origen estadounidense.
Un proceso que, siguiendo las pautas establecidas por la Justicia norteamericana, comenzó hace unas semanas en Cartagena debido a que el precario estado de salud del afectado le impide desplazarse a Estados Unidos. Lo realizado forma parte de la fase judicial conocida como Discovery. En esta fase las partes pueden solicitar, de forma previa al juicio, la práctica de cuantas pruebas precisen evitando así que una de ellas oculte evidencias o testigos hasta el momento de la vista. En Cartagena se dio pues el primer paso de un procedimiento que terminará ante un jurado en una fecha por determinar.
Para la toma de declaración se desplazaron desde Nueva York cinco personas; entre ellas dos abogados de las empresas demandadas quienes durante dos días y en sesiones de unas seis horas interrogaron al demandante, la encargada de transcribir la declaración y la persona encargada de manejar la videocámara que se utilizó para la videoconferencia a través de la cual el resto de los abogados de las empresas demandadas pudieron preguntar desde Estados Unidos. En Nueva York un oficial de la sala judicial de Pensivalnia que instruye el caso -equivalente a un secretario judicial español- supervisó el proceso.
El procedimiento estadounidense –nos contaría Andrea Peiró, abogada del demandante-presenta como nota característica la dualidad resarcitoria ya que se indemniza al perjudicado por el daño causado (daño compensatorio) y además se condena al infractor a que abone una cantidad en concepto de daño punitivo; lo que, en definitiva, supone añadir a la indemnización una sanción pecuniaria de cuantía extraordinaria por haber incurrido en un comportamiento de mala fe o en una conducta maliciosa cuya finalidad es que sirva de ejemplo. Esta dualidad resarcitoria que se traduce en indemnizaciones elevadas se une a otras características esenciales como es la larga tradición que respecto a las reclamaciones por amianto hay en el continente americano hasta el punto de que casi cincuenta mil personas presentan al año una denuncia a causa de enfermedades provocadas por el amianto”.
En la línea señalada por Peiró hace tan sólo unos meses un jurado de Filadelfia otorgó en el caso Baccus contra Crane Co nada menos que25,2 millones de dólares de indemnización (7 millones por daños compensatorios y 18.2 millones por daños punitivos) para compensaruna sola muerte por mesoteliomamaligno. Por supuesto no siempre las indemnizaciones son tan abultadas pero en los últimos años los tribunales de Estados Unidos han condenado a los fabricantes estadounidenses a pagar más de 22.000 millones de dólares en indemnizaciones. Por eso no será de extrañar que la vía abierta por el bufete Oria, Peña, Pajares y Asociados sea seguida muy atentamente en los próximos meses por los más de 50.000 trabajadores afectados en España por el amianto. 

EXPERIENCIA ESPAÑOLA 

En España las indemnizaciones fijadas siguen siendo pocas y escasas pero durante los últimos meses se han producido varios fallos judiciales –todos ellos, por supuesto, en fase de recurso- que permiten mantener la esperanza en un cambio de rumbo.
Se generó un riesgo, se obtuvo un beneficio y se causó un daño por lo que a quien se le causó se le debe compensar”. Así de contundente se manifestó la titular del juzgado de Primera Instancia número 18 de plaza de Castilla en la sentencia que condenó recientemente a la empresa Uralita a indemnizar a quince trabajadores con cerca de 1,7 millones de euros por los daños y perjuicios causados a su salud.
Consta acreditado –explica la sentencia- que los trabajadores de las fábricas (Uralita S.A. y Uralita Sistemas de Tuberías S.A.) estuvieron expuestos durante muchos años al amianto. Y de las declaraciones se desprende que el polvo de amianto se encontraba en el ambiente ya que se manipulaba para la fabricación de todos los productos”. La jueza, aún reconociendo que durante mucho tiempo no se conocieron todas las consecuencias que para la salud suponía el uso del amianto, concluiría que “las codemandadas asumieron la utilización del producto que ya se sabía podía ser peligroso”.
En junio del pasado año un juzgado de Sabadell (Barcelona) condenaba también a Uralita a indemnizar con hasta 78.600 euros a tres trabajadores de la fábrica por los daños causados por el amianto al que estuvieron expuestos y que acabó provocando la muerte de dos de ellos. La sentencia, que no es firme, otorga indemnizaciones de 52.418,76 euros, 68.511,2 y 78.628,14 a cada uno de los tres trabajadores al reconocer que la fábrica de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) incumplió durante más de 25 años la normativa en materia de seguridad y actuó de forma negligente. Las demandas fueron interpuestas por las viudas de los dos empleados fallecidos a consecuencia de un mesotelioma peritoneal y un carcinoma de pulmón de células escamosas así como por un tercer empleado que sufre una pleuritis fibrosa por el contacto con el amianto, todos ellos representados por el bufete de abogadosColectivo RondaMiquel Arenas, abogado de los demandantes, declaró entonces que en su opinión la administración española era también conocedora de los riesgos que conllevaba el amianto y no hizo nada para evitarlo.
La empresa trató de defenderse con el mismo argumento utilizado durante años por las tabaqueras, el mismo que hoy comienzan a utilizar las empresas de telefonía móvil o las compañías eléctricas. Alegó en su defensa que las medidas que estableció antes de la década de los 80 eran superiores a las que fijaba la legislación. De nada le sirvió -al menos en esta primera instancia- ya que para el juez estaba claro que “la empresa no podía desconocer las consecuencias que para la salud de los trabajadores podía comportar el incumplimiento de la normativa contenida en las órdenes de 31 de enero de 1940 y 7 de marzo de 1941 que establecían normas de seguridad e higiene laboral en ambientes pulvígenos”. Es decir, recordaba como referencia que un decreto de 1957 prohibía a los hombres menores de 18 años y a las mujeres de menos de 21 trabajar en actividades de extracción, manipulación o molienda de amianto, “polvo que expresamente se calificaba como nocivo, esto es, perjudicial para los trabajadores”.
La realidad es que rebajar y rebajar los límites de concentración de fibras a lo largo de los años mientras todo el mundo conocía la peligrosidad del amianto sólo sirvió para beneficiar a las empresas. De hecho la conclusión de científicos independientes e instituciones como el Instituto Nacional para la Seguridad Salud y Ocupacional NIOSH de Estados Unidos es que ningún nivel de exposición al amianto puede ser catalogado como seguro para el riesgo de cáncer y por tanto sólo el valor cero es un límite de exposición seguro. La OMS, en su publicación de 1998 Environmental Health Criteria 203 Chrysotile Asbestos, afirmaba por su parte al respecto: “La aparición de efectos crónicos por exposición a cualquier tipo de asbesto son independientes de la dosis de exposición; siendo por tanto imposible establecer niveles de exposición seguros”.
Nuevamente encontramos en esta actitud un paralelismo con lo que ocurre en la actualidad con las emisiones electromagnéticas. Nuestros dos principales partidos políticos votaron en el Parlamento Europeo a favor de una revisión restrictiva de los límites máximos tolerables pero, contradiciéndose luego, han optado por mantener en nuestro país -en una actitud vergonzosa- los actuales límites, muy superiores a los que la bibliografía científica más crítica considera aceptables. Lo que permite a las empresas justificarse continuamente aduciendo que los límites de sus emisiones son “inferiores a lo legalmente establecido”. El mismo gran engaño del que se sirvieron los altos ejecutivos del tabaco y del amianto para hacer dinero a costa de la salud y la vida de muchos.
Otra importante resolución conocida durante los últimos meses ha sido la del Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona de 27 de noviembre del 2009 que condenó a Endesa a pagar una indemnización de 55.068 euros a Inmaculada López al reconocer que su padre falleció a causa del amianto de la central térmica de Badalona. La conclusión del fallo es que no se cumplieron las medidas personales de protección frente al riesgo por amianto, concretamente las referidas a medios de protección personal, ropa de trabajo, instalaciones sanitarias, medidas de higiene personal y señalización. Además en su fallo el magistrado señala: “Es relevante tener en cuenta que el reconocimiento científico del riesgo de padecer cáncer a partir del contacto con los diferentes tipos de amianto se produce oficialmente cuando el IARC, Instituto Internacional para la Investigación sobre el Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo reconoció como tal el año 1973 (monografías IARC, volumen 2, página 17). En esa fecha llegó el reconocimiento oficial internacional de este hecho que había sido demostrado científicamente en los años sesenta”. Cabe agregar que en España se prohibió mediante Orden Ministerial de 7 de diciembre del 2001 la total comercialización y utilización de fibras de cualquier variedad de amianto y de los productos que las contuvieran. Es decir, ¡casi treinta años después de que el IARC lo reconociera oficialmente como cancerígeno y más de dos años después de la Directiva europea que lo prohibió! Obviamente nadie fue procesado por ello. Los políticos parecen tener patente de corso en nuestro país.
En la misma línea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó en diciembre la condena a RENFE y Wagon Litss de que incrementaran solidariamente en un 50% las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas de la muerte de Marcos Albitre, empleado de esta última empresa desde 1981. La sentencia puso en evidencia la falta de colaboración de la propia Administración, concretamente en este caso de la Inspección de Trabajo que decidió calificar su muerte como “accidente de trabajo”. La sentencia ratifica que la muerte de Albitre fue a causa de una enfermedad profesional y no de un “accidente”.
Y en el único caso con repercusiones penales Unión Naval de Valencia admitió en julio del pasado año un delito contra la seguridad de los trabajadores, 20 faltas de muertes imprudentes y 51 de lesiones imprudentes. Cuatro directivos aceptaron el 24 de julio 14 meses de cárcel y multas millonarias. En el acuerdo la empresa acordó pagar las mayores indemnizaciones concedidas hasta ahora en nuestro país: 250.000 euros a los familiares de las víctimas mortales, 150.000 para los trabajadores afectados por cáncer y 110.000 para los que tienen otro tipo de enfermedades. Muy lejos aún en cualquier caso de las abonadas en Estados Unidos.
Desafortunadamente el número de afectados o sus familias comienza a crecer en una proporción mucho mayor que el número de sentencias favorables; aunque parece evidente que la suma de éstas irá poco a poco contribuyendo crear un ambiente favorable entre los jueces a nuevas y mejores resoluciones judiciales. 

CONTAMINACIÓN INDIRECTA  

La lista de afectados incluirá también en el futuro a los afectados por convivencia, a aquellos que vivieron junto a trabajadores afectados por el amianto. Y quién sabe si también a los afectados por la contaminación ambiental. Así, por ejemplo, la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 18 de Plaza de Castilla contra Uralita ya citada contempló además de las indemnizaciones acordadas un aspecto muy importante: la contaminación por convivencia al acreditar “nexo causal” en dos mujeres que se encargaban del lavado de las ropas de sus maridos en casa (una de ellas ya fallecida tras ser diagnosticada de un mesotelioma). “No existe constancia –señala la sentencia- de que la Sra. Alonso haya tenido otro contacto con el polvo de amianto que no sea a través de la ropa de su esposo y la enfermedad que padece está causada por la inhalación de polvo de amianto”. ¿Cuántos casos similares no habrá o no aparecerán en un goteo interminable durante los próximos años?
Por otra parte, el grupo multidisciplinar del doctor Josep Tarres ha demostrado el gran impacto negativo que tuvo la fábrica de Cerdanyola no sólo para sus trabajadores sino también para la población del entorno en el trabajo titulado Enfermedad por amianto en una población próxima a una fábrica de fibrocemento publicado en septiembre pasado en la revista Archivosde Bronconeumologia. Para el estudio se evaluaron los casos detectados entre la población entre 2004 y 2007. Se recogió información epidemiológica y se revisaron las historias clínicas. Se incluyeron todas las poblaciones que rodean a la fábrica. Se considero persona afectada de enfermedad relacionada con el amianto (ERA) a cualquiera que sufriera las alteraciones y enfermedades causadas por la inhalación de amianto. Los casos se identificaron según la fuente de exposición: laboral, por convivencia y ambiental. En 559 pacientes diagnosticados se identificaron 1.107 casos de ERA. La fuente de exposición fue laboral en 400 pacientes (71,6%), por convivencia en 61 (10,9%) y ambiental en 98 (17,5%). “En nuestra serie –señala el estudio- el tiempo de exposición de las ERA de origen ambiental (37,6 años) fue mayor que aquéllas en que el origen era la convivencia (27,9 años); y éste, a su vez, superior al de las ERA de origen laboral (18,5 años). Estas diferencias parecen explicables al depender estas enfermedades de la dosis total acumulada de amianto en los tejidos”.
La importancia del estudio de Tarrés radica en que demuestra estadísticamente que las enfermedades relacionadas con el amianto no son sólo un fenómeno circunscrito a una empresa y a su personal sino más bien un problema de salud pública ya que el polvo en suspensión contribuyó a la contaminación ambiental del entorno de la población obligando a la inhalación pasiva de polvo de amianto.
En suma, la experiencia del amianto y sus consecuencias deberían hacer recapacitar a nuestros políticos. Los juicios ya celebrados -sobre todo en Estados Unidos- han demostrado que los fabricantes de productos de asbesto tenían conocimiento ¡desde la década de los años 30 del pasado siglo XX! de los riesgos y daños a la salud que podía provocar… pero lo silenciaron hasta la década de los 80. Así que, ¿cómo se explica el retraso a la hora de tomar medidas? Laurent Vogel -jurista e investigador de la Oficina de Salud Laboral de la Confederación Europeade Sindicatos y encargado del seguimiento de la aplicación de las directivas europeas- lo tiene claro y así lo manifiesta en su artículo El asbesto, un crimen de masas en tiempo de paz (Viento Sur- Noviembre 2009):“Ha habido un lobby muy activo y coordinado de los grupos industriales. Potentes intereses económicos no han dudado en financiar investigaciones pseudocientíficas para generar dudas y minimizar los peligros del asbesto. Los principales productores se coordinaron para disimular y falsificar los datos, y hacer presión sobre los poderes políticos arrastrando tras sí a sindicalistas en nombre de la defensa del empleo. Este trabajo de lobby no ha terminado aún. En enero de 2009 la Comisión europea prolongó derogaciones que autorizan la utilización de asbesto en empresas químicas bajo la presión de los grupos SolvayDow Chemical. Otro factor que interviene: la mayoría de las víctimas son obreros o miembros de su familia. La enfermedad del asbesto se consideraba como el precio del progreso. Tercero factor: el tiempo. Entre la exposición al asbesto y la mortalidad que provoca el tiempo de latencia puede llegar hasta 40 años. Este factor tiempo no es una fatalidad. Opera porque las políticas de salud pública se quedaron ciegas a los riesgos de trabajo y no quieren molestar a las empresas.”
Y de similar opinión es Ángel Cárcoba Alonso, autor del libro Amianto en España: “En todo este proceso el lobby industrial y financiero del amianto ejerció y sigue ejerciendo poderosas presiones sobre organismos internacionales (OIT,OMS,OMC), sobre gobiernos y sobre la comunidad científica. Se trata de una guerra científica, médica, judicial y política (…) La historia del amianto es la historia de cómo se destruye el cuerpo del trabajador hasta la asfixia. Es una historia plagada de sufrimiento, enfermedad y muerte porque alguien decidió obtener ingentes beneficios y plusvalías a cambio de robar años de vida a la clase obrera”.
En definitiva, al no divulgar la información que poseían sobre el amianto ni tomar medidas para proteger al consumidor o a los empleados involucrados en su fabricación, distribución, instalación y manipulación la industria dañó de forma consciente la salud de millones de personas en todo el mundo durante más de medio siglo. Un daño que no sólo muchos sufren hoy sino que otros muchos sufrirán en los próximos años.
Mientras, paralelamente, una nueva plaga ha comenzado a azotarnos: la contaminación electromagnética. ¿Esperaremos de nuevo medio siglo para contar a las víctimas? Porque aunque para entonces los jueces quizás actúen ya con la severidad exigible el dinero no va a devolver la salud o la vida a los cientos de millones de personas que sin duda se van a ver -en mayor o menor grado- afectadas.
Francisco San Martin


“YO ACUSO” 

La dura lucha que han mantenido -y mantienen- los afectados por el amianto queda perfectamente reflejada en el texto Yo acuso de Ángel Cárcoba Alonso, miembro del departamento de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) y presidente del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre amianto que participó en la elaboración del Convenio y Recomendación de la OIT sobre dicho tema además de autor de Amianto en España. Este es un extracto del mismo que puede leerse completo enwww.salillas.net/asbestosi/yo_acuso.htm
“(…) En la búsqueda de la caja negra encuentro algunas causas y algunos responsables a los que yo acuso de negligencia, incumplimientos de normas y de crímenes contra la humanidad. Incluso a los empresarios que argumentan que siempre cumplieron con la legislación vigente yo les digo que los cementerios están plagados de trabajadores muertos en empresas que cumplían las normas. Por todo ello: 
Yo acuso a los productores de un mineral llamado amianto o asbestos que ha ocasionado la muerte de cientos de miles de trabajadores y que aún hoy más de 100.000 obreros mueren cada año en el mundo por tumores derivados de la exposición a dicho mineral.
Yo acuso a los gobiernos de Canadá, Rusia, Sudáfrica, Brasil y de otros países proveedores de amianto de crímenes contra la humanidad, de abandonar a las comunidades afectadas por el amianto, de anteponer la codicia y las ganancias económicas a la vida humana.
Yo acuso a los importadores de este mineral asesino a España. La banca March y Uralita S.A. son los responsables de la epidemia de cáncer por amianto en España.
Acuso a los empresarios de fibrocementos, de la industria naval, del sector ferroviario, del textil, de la siderurgia y de materiales de fricción por haber expuesto a un riesgo innecesario a miles de trabajadores y ciudadanos que les ocasionará la muerte.
Acuso a aquellos médicos de empresa, de Mutuas y de la Seguridad Social que se equivocaron de cliente, que negaron toda evidencia científica dando por aptos para el trabajo a obreros con asbestosis, con placas pleurales, con fibrosis pulmonar e, incluso, con cánceres de pleura y pulmón. Médicos que asisten a juicios como expertos periciales para defender los intereses de quienes les pagan (los empresarios). No se conoce un solo caso en toda la historia judicial en que un médico de empresa o de Mutua haya testificado a favor de las víctimas.
Acuso al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de no dar protección médica, social ni económica a los trabajadores enfermos y afectados recurriendo todo proceso judicial para impedir el reconocimiento de enfermedad profesional. Según estadísticas oficiales en España no se registra ni un solo caso de enfermedad profesional mortal.
Acuso a algunos  bufetes de abogados que han encontrado en la enfermedad y la muerte en el trabajo una fuente de negocio.
Acuso a ciertos jueces, magistrados y fiscales de mostrarse insensibles ante una catástrofe sanitaria.
Acuso a  la Inspección de Trabajo que, salvo raras excepciones, permitió el incumplimiento sistemático de la normativa o no adaptó la misma a los conocimientos técnicos y científicos.
Yo acuso a la Comisión Nacional de Salud y Seguridad de incumplir sistemáticamente los acuerdos aprobados sobre amianto en sus sesiones plenarias.
Yo acuso a los Gobiernos del PSOE y del PP de haber faltado gravemente a sus responsabilidades de garantizar un bien público como es la salud. ¿Quién podía ignorar los peligros del amianto a partir de 1980? Nuestros gobernantes se mostraron sumisos, anestesiados por las presiones del lobby industrial y financiero del amianto, retrasando la prohibición más de 25 años con respecto a otros países. ¿Cuántas enfermedades y muertes se podrían haber evitado si se hubiera prohibido el uso del amianto en 1982 en lugar del 2002?
Yo acuso a ciertos Ministros y Diputados de convertir la política en el arte del engaño. Sirva el siguiente ejemplo: el 8 de Noviembre de 2002 la entonces Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Teresa Fernández de la Vega,  presentó  al Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno del PP a poner en marcha un programa de vigilancia de la salud, a crear un Fondo de Indemnización a las víctimas del amianto, a promulgar normas que posibiliten la jubilación anticipada, el reconocimiento automático de las enfermedades profesionales y el control del amianto instalado. Unos meses más tarde esta señora llega a ocupar la Vicepresidencia del Gobierno y todo lo que era posible en la oposición de pronto se convierte en imposible en el gobierno. Mientras tanto los trabajadores ciudadanos siguen muriendo (…)

 

 

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